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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno. A su conclusión, los consejeros Pablo Rodríguez y Mariano H. Zapata, junto al portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, dieron a conocer los acuerdos alcanzados.
Transición Ecológica inicia el trámite de modificación de la Ley de Cambio Climático remitiendo a los cabildos la propuesta
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata ha expuesto hoy, lunes 10 de junio, ante Consejo de Gobierno los preceptos clave del decreto ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. Se trata de un texto cuyo objetivo es, en última instancia, acelerar la transición energética de las islas, favorecer su descarbonización, y adoptar nuevas medidas claves para la adaptación al cambio climático, enfocadas hacia un futuro más sostenible.
Dicho decreto ley, que deriva de la modificación de la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada la pasada legislatura, según explicó el consejero Zapata, surge en primera instancia como consecuencia de una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado que exigía la modificación de 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal a este mismo respecto.
Además, la actual situación de emergencia energética que padece Canarias, declarada el pasado 2 de octubre, así como los objetivos de descarbonización del archipiélago y la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo es alcanzar de aquí a 2030 un 58% de penetración de renovables en el territorio español, (del que actualmente Canarias solo presenta un 20%), han sido otras de las cuestiones más relevantes para motivar esta revisión y cambio.
No obstante, con esta modificación, según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, no solamente se pretende cumplir con la legalidad sino también “hacer un texto más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido”.
Todo ello, con el objetivo de “dar garantías legales que agilicen la tramitación de proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático, generando un escenario de confianza para pymes, inversores, empresas y administraciones”. Pero además “implicando a la ciudadanía y siendo conscientes de la importancia del respeto por nuestro medio ambiente, con acciones más detalladas y realistas”.
Modificaciones incluidas
Entre las modificaciones principales de dicha ley se plantea dar agilidad a la implantación de renovables garantizando la protección ambiental del territorio, con la creación de las Zonas de Aceleración de las energías renovables, en coordinación con los cabildos insulares. Además, se agiliza el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, para implantar energías limpias, y también la diversificación del modelo económico, con la creación de un Plan Formativo Verde, para impulsar el empleo en sectores clave para la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono.
Asimismo, para acelerar la mencionada transición energética, garantizando el suministro eléctrico, y basado siempre en el respeto por el medio ambiente, destaca la apuesta por las energías renovables a pequeña escala y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de 2 MW de potencia (hasta un 20%).
Por otro lado, y en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad sobre proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para llevarlos a cabo, se realizará una simplificación de los trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas para agilizarlos, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.
Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, en coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.
Asimismo, se propone la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía, como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias. Un ente necesario para lograr los objetivos de la norma, llevar a cabo los mencionados proyectos de mitigación y adaptación y solventar situaciones de pobreza energética.
Durante todo este proceso de coordinación, la participación de cabildos y ayuntamientos también es fundamental. En este sentido, se impulsarán instrumentos autonómicos para fomentar su colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias. En el caso de los primeros, los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC) y en los segundos, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
Un decreto ley fruto del consenso
En todo este proceso de preparación del nuevo decreto ley se han mantenido más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con numerosas administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso.
Entre ellas, destacan las aportaciones y reuniones mantenidas con el Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul y los integrantes de la Mesa de Energía Renovable, liderada por la Consejería de Transición Ecológica. Asimismo, se ha contado con la colaboración del resto de áreas de Gobierno afectadas como las Consejerías de Turismo y Empleo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas o Hacienda.
También se han implicado en el proceso agentes económicos y sociales, como las universidades canarias, La FECAM, el Comité de Expertos de Agenda Canaria 2030, además de ser un tema tratado recientemente en la mesa de trabajo del Reto Demográfico de Canarias organizada y liderada por este Gobierno.
Canarias opta a 9 millones de euros de los remanentes de fondos europeos para la construcción de viviendas
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha cerrado con el Estado un compromiso para que Canarias presente proyectos extra que opten a los remanentes de otras comunidades autónomas con el objetivo de construir 212 inmuebles, adicionales a los ya suscritos, a través de la concesión de 9.605.762,20 euros.
La firma de este acuerdo se enmarca en el Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos ‘Next Generation’, y que tiene por objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de inmuebles de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública.
Asimismo, este fue uno de los acuerdos que se abordó en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del pasado mes de marzo de 2024, en el que se determinó que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas que acordasen la totalidad de su presupuesto antes del 31 de marzo de 2024 y presentasen, con anterioridad a esa fecha, nuevas propuestas de actuaciones, junto con la documentación correspondiente, podrían optar al remanente de fondos del Ministerio que repartiría en segunda instancia.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Canarias ha presentado seis actuaciones para desarrollar en Gran Canaria y Fuerteventura.
Por un lado, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) podrá desarrollar cinco actuaciones con aportaciones procedentes de los fondos del Estado que facilitarán la construcción de 28 viviendas en Puerto del Rosario, a través de una financiación de 1.281.435 euros; y de 47 inmuebles, en el mismo municipio, para las que se recibirán 2.152.374 euros.
Asimismo, se construirán tres actuaciones en Telde de 36, 36 y 37 viviendas, que el Ministerio subvencionará con 1.676.614, 1.661.733 y 1696.348 euros, respectivamente.
Por otro lado, también se ha presentado un proyecto del Ayuntamiento de Mogán, que se desarrollará a través de Mogán Gestión Municipal S.L., para la edificación de 28 inmuebles por 1.137.258,20 euros.
El Gobierno encomienda la elaboración de una estrategia para implantar un sistema de integridad institucional
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 10 de junio, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, encomendar la elaboración de una estrategia para la implantación de un sistema de integridad institucional en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El sistema de integridad se desarrolla como un instrumento para la lucha contra el fraude y la corrupción, así como para la prevención de conflictos de interés en el sector público autonómico. El objetivo es aumentar la confianza de la ciudadanía en la forma de actuar de la administración pública.
La estrategia será desarrollada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, con la ayuda de un grupo de trabajo formado por profesionales de diferentes áreas. Además, se consultará a las organizaciones sindicales y se abrirá a información pública para asegurar transparencia y participación.
Este enfoque se alinea con las recomendaciones internacionales que sugieren que la integridad pública es clave para luchar contra la corrupción y prevenir conflictos de interés. La estrategia no sólo se enfoca en combatir la corrupción, sino también en crear un ambiente de trabajo más ético y transparente en el sector público.
El objetivo principal del sistema de integridad institucional es establecer una cultura organizacional en la Administración pública de Canarias que se base en valores de integridad, ética, transparencia y responsabilidad. Este sistema busca mejorar la confianza en la institución tanto a nivel interno como externo, haciendo que todos los procesos sean más claros y abiertos, y asegurándose de que se actúe siempre con rectitud y honestidad.
Para lograrlo, el sistema de integridad institucional integrará diversas herramientas y estrategias, entre ellas:
- Políticas y normativas: Establecer reglas claras y comprensibles que deben seguir todos los trabajadores públicos y que fomenten un ambiente de trabajo ético y transparente.
- Capacitación y concienciación: Programas de formación para los trabajadores públicos que fomenten la comprensión y la importancia de la integridad y la ética en todas sus actividades.
- Supervisión y control: Implementación de mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de las normativas y detecten cualquier desviación o conducta inapropiada a tiempo.
- Gestión de riesgos: Identificación y manejo proactivo de riesgos que podrían comprometer la integridad y la transparencia de la administración.
- Apertura y relaciones externas: Promover una comunicación abierta con la ciudadanía y otras entidades para garantizar la transparencia y permitir un escrutinio público efectivo.
- Adaptación y mejora continua: Evaluación periódica del sistema de integridad para adaptarlo a cambios internos y externos y mejorar su eficacia, asegurando que siempre se responda de manera efectiva a los nuevos desafíos y necesidades.
El Gobierno de Canarias se compromete con estos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y modernizar su administración, colocando a los ciudadanos en el centro de todas sus acciones y garantizando una gestión eficiente, íntegra y responsable. Este compromiso también se alinea con los principios del Gobierno Abierto, lo cual es esencial para combatir la corrupción y fomentar un gobierno más abierto y accesible para todos.
Canarias celebrará en la isla de La Palma la nueva edición de Starmus
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes 10 de junio, la concesión de una subvención directa de tres millones de euros a la Fundación Canaria Starlight para la difusión de la astronomía con el fin de financiar el proyecto “Starmus Festival-La Palma. La Isla de la Estrellas”.
Con esta actuación la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, contribuye a fortalecer un sector prioritario como es la astronomía y a reforzar y dinamizar la economía de La Palma, que ha sido fuertemente castigada como consecuencia del desastre natural originado por el volcán de Tajogaite.
Starmus Festival es un evento donde la ciencia, la astronomía, el arte y la música se unen para crear un marco de entretenimiento y divulgación único en el mundo. No existe otro evento que convoque a tantos referentes mundiales de la ciencia dentro de una atmósfera de divulgación y dinamismo. Todo ello en un formato de festival con música, exposiciones, concursos y programas de ocio, propios de eventos multitudinarios.
Bajo el nombre “Starmus La Palma, La isla de las Estrellas” se pretende, por una parte, acercar la ciencia y la música a la población palmera, a las personas residentes en el archipiélago y demás visitantes, de una manera didáctica y dinámica. Y, por otro lado, dar a conocer al mundo las bondades de La Palma, su diversidad natural, el Gran Telescopio de Canarias, su cultura o sus playas, entre otros muchos atractivos.
El tema central de esta nueva edición será la “Protección de los cielos” como único camino para preservar la astronomía, tal y como la conocemos hoy en día. Para ello, el programa de Starmus contará con actividades gratuitas enfocadas a todas las edades, niveles culturales o inquietudes.
A ello se añade que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo colabora directamente con la Comunidad Autónoma de Canarias en la puesta en marcha de actuaciones de promoción del sector turístico y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en La Palma, mediante la concesión de una subvención a la comunidad autónoma para que desarrolle actuaciones de dinamización y apoyo al tejido empresarial palmero, especialmente al sector turístico.
Estas medidas forman parte de un plan especial más ambicioso llamado «Plan La Palma RENACE» que contempla medidas adicionales desarrolladas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y sus organismos adscritos, así como por la sociedad estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El Gobierno asumirá las obras para el tratamiento de aguas residuales de San Blas, en Candelaria
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria que le permitirá afrontar con recursos propios la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Blas, en el municipio tinerfeño de Candelaria, así como su conexión al colector comarcal. Esta obra contribuirá a responder a una demanda que presentó la Comisión Europea contra España por incumplimientos en las redes de saneamiento, el tratamiento y el transporte de aguas residuales, y que afecta a 13 puntos de Tenerife.
El expediente que hoy se ha aprobado permite traspasar 1.712.500 euros entre los capítulos seis y siete del presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, debido a que no se pudo completar la subvención al Consejo Insular de Aguas de Tenerife durante 2023, por problemas con el proyecto inicial, razón por la que el Gobierno de Canarias, para evitar mayores retrasos, ha decidido intervenir utilizando fondos propios de la citada Consejería.
La cantidad irá destinada a la redacción del proyecto y las primeras fases de su ejecución, puesto que el coste total de esta intervención está sin determinar y se conocerá en el mes de septiembre, cuando se espera contar con el proyecto ya actualizado. Una vez redactado el proyecto, y después de superar las preceptivas fases de contratación, se espera que a lo largo de 2025 puedan dar comienzo los trabajos en este sentido.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que este Gobierno “no va a mirar hacia otro lado respecto a expedientes que podrían acabar derivando en un sobrecoste para todos los canarios, y hemos decidido por tanto asumir el liderazgo de su resolución”. Ha agradecido además el trabajo tanto de los responsables del Ayuntamiento de Candelaria y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, “con los que venimos trabajando de manera coordinada desde el primer momento en el que asumimos esta Consejería y cuya colaboración será fundamental para culminar este proyecto”.
El Gobierno invertirá 3 millones en terminar las obras de saneamiento en El Cotillo, Fuerteventura
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un expediente para concretar el carácter plurianual del proyecto que permitirá completar el saneamiento de la zona de El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Este proyecto, cuya ejecución se extenderá hasta 2026, supondrá una inversión total de 3.061.356 euros y permitirá completar los trabajos ya iniciados, que hubo que detener por problemas administrativos, después de haberse reiniciado en 2020.
Los trabajos incluidos en este proyecto tienen que ver con la mejora de las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales en este pueblo del municipio de La Oliva. En la actualidad, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha encargado la redacción del proyecto y su posterior ejecución a la empresa TRAGSA, mientras que la asistencia técnica durante los trabajos corresponderá a la empresa pública Gestur.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado que con la aprobación del expediente de plurianualidad de este proyecto “damos garantías de que por fin esta obra se culminará en tiempo y forma, y resolverá los problemas que desde hace décadas tiene El Cotillo con su saneamiento e inundaciones en épocas de lluvias intensas”. El impulso a este proyecto “es un compromiso que hemos adquirido tanto con el Ayuntamiento de La Oliva como con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y podemos decir ya que la financiación para concluirlo está garantizada”.
El expediente aprobado hoy supone el visto bueno al gasto plurianual que, por ejercicios, se divide en 56.975 euros para 2024, 1.933.517 euros en 2025, y 926.958 euros en 2026, a los que hay que sumar 154.845 € para la asistencia técnica mientras duren los trabajos.
Antes de proceder al encargo del nuevo proyecto, desde el Gobierno de Canarias se culminó el procedimiento de resolución de contrato de la anterior empresa adjudicataria, para adjudicar a TRAGSA y Gestur la culminación de los trabajos.
Éstos consistirán en la finalización de las obras previstas de la red de drenaje y complementarias en el proyecto inicial, en la conexión del colector hasta la nueva estación de bombeo, también incluida en el proyecto, un dispositivo para evitar inundaciones en momentos de lluvia intensa y la ampliación de la depuradora existente, entre otros.
ACFI PRESS
