“Las resoluciones de traslado de los menores nos llegan sin que la comunidad autónoma de destino tenga la plaza”, aseguró hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien, junto a la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han atendido hoy a los medios tras la reunión interadministrativa habitual de los martes para el traslado de menores con protección internacional. La consejera ha solicitado que el Ministerio “trabaje con las comunidades autónomas la apertura de esas plazas y que antes de que los menores tengan una resolución de traslado se asegure que la comunidad autónoma tiene lugar donde reubicarlo. Sería lo más conveniente que, en el ámbito de sus competencias, Política Territorial facilitara ese diálogo con las comunidades receptoras para conseguir esas plazas en la Península y aportara la financiación necesaria para su mantenimiento”.
Candelaria Delgado ha pedido al ministro Ángel Víctor Torres que se conduzca con “la misma lealtad institucional con la que se ha comportado el Gobierno de Canarias, y no achaque a Canarias errores o fallos que no ha cometido. Si nos ponemos puristas, en lo que respecta a las nuevas llegadas, habría 521 menores que tendrían que haber salido ya de las Islas y que no lo han hecho porque las delegaciones del Gobierno no están teniendo la celeridad debida en la resolución de esos expedientes”.
A este respecto, la directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, ha explicado que el sistema es muy garantista con respecto “al derecho superior del menor. Pero esas mismas garantías están alargando los procedimientos, aunque Canarias esté cumpliendo con los cinco días de plazo que tiene para enviar a los menores a la Península”. Rodríguez ha insistido en que “estos menores son personas con sus circunstancias concretas, y no folios o expedientes que se puedan resolver a golpe de clic”.
Canarias mantiene la tutela de 4.389 menores migrantes no acompañados a fecha del 13 de enero de 2026. De ellos, aún están en Canarias 3.979; el resto, aunque tutelados, ha sido trasladado a la Península con estatus de protección internacional (410). En resumen, de Canarias han salido, por protección internacional, 410 menores; por la vía exprés han sido reubicados en la Península 106; y por la disposición adicional primera —aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia— solo 92 salidas. En total: 608.
Aunque la reducción del número de menores en las Islas es importante, aún sigue siendo preocupante la sobreocupación de recursos, ya que tan solo se ha aliviado porque el ritmo de llegadas no es, ni de lejos, la de años anteriores, y porque los menores que llegan, en un 80% son adolescentes que han ido cumpliendo la mayoría de edad.
Sandra Rodríguez ha reiterado que de, los 560 expedientes enviados a la Subdelegación del Gobierno por parte de Canarias, se han producido 269 resoluciones definitivas. “Nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún casi tiene 300 por resolver, aunque nosotros seguimos enviando expedientes a diario”.
La directora ha recordado, sobre los menores de protección internacional, que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, como el Canarias 50, que aún los aloja en barracones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.
“En definitiva, se procede con los traslados a un ritmo lento porque las comunidades autónomas no tienen plazas. El Estado no ha establecido la emergencia migratoria nacional, lo que supone que las comunidades autónomas tienen que abrir plazas para acoger a los menores ciñéndose al derecho administrativo común, con sus plazos y burocracia, lo que les permite alegar que no tienen lugar para la reubicación de los menores que se les asignan. Tampoco ha establecido la financiación de esas plazas. Dado que Política Territorial, dentro de sus competencias, no está estableciendo una negociación con esas comunidades autónomas para despejar estos inconvenientes, Canarias no puede enviar a los menores a plazas inexistentes, por mucho que se empeñe el Estado en que su expediente está resuelto. Hablamos de menores de edad, no de fardos”, aseguró.
ACFI PRESS
