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El Gobierno destinó 3,8 millones a la compra urgente de material sanitario y farmacológico por la COVID-19
El Consejo de Gobierno fue informado este jueves, 4 de noviembre, por la Consejería de Sanidad de las contrataciones realizadas por el Servicio Canario de la Salud por procedimiento de emergencia para la adquisición de materiales de protección, farmacológico y de pruebas de laboratorios durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, período en el que fue necesario además contratar obras y servicios.
El importe total de las contrataciones de emergencia comunicadas hoy asciende a 3.882.942.31 euros, de los que 2.760.000 euros se corresponden a tres suministros de guantes de nitrilo adquiridos en noviembre de 2020 a través de la Dirección del SCS para abastecer las necesidades de los centros asistenciales.
Durante 2020 se produjo una escasez de material sanitario de protección individual de alcance mundial, debido al desabastecimiento de los mercados internacionales por el aumento de la demanda, lo que impidió que los hospitales del SCS pudieran contratar suministros en pequeñas cantidades. Ante esta situación y la necesidad urgente de abastecer al personal sanitario de guantes de nitrilo, la Dirección del SCS contrató por procedimiento de emergencia tres suministros por el importe total informado hoy en Consejo de Gobierno.
El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental estratégica de San Miguel de Abona y Alajeró
El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación de competencias de los ayuntamientos de San Miguel de Abona y Alajeró para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, además de, en el caso del segundo municipio, la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el ayuntamiento.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterá al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal. Pero también, que los ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación municipales.
En ese sentido, el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico.
De ahí que ambos ayuntamientos hayan acordado ejercer esa capacidad y delegar en el órgano ambiental de la Administración autonómica las citadas competencias a través de acuerdo de sus plenos, una delegación que hoy ha aceptado el Consejo de Gobierno.
El Gobierno remite al Consejo Consultivo el proyecto de Decreto que regula el Concierto Social de los Servicios Sociales en Canarias
El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno tomar en consideración y remitir al Consejo Consultivo de Canarias, para su preceptivo dictamen, el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias, paso imprescindible para su posterior debate y aprobación en sede parlamentaria.
El presente Reglamento tiene por objeto fijar el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en Canarias, de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales de Canarias.
De esta forma, mediante la suscripción de los conciertos sociales será posible la colaboración de las personas y entidades proveedoras de servicios con las Administraciones públicas para la prestación de servicios sociales, al margen de lo que dispone la legislación de contratos del sector público.
Esto será posible si esa gestión se realiza de forma solidaria y sin ánimo de lucro y mediante el pago por la Administración de un precio o tarifa, de manera que la financiación de los conciertos solo comprenda los costes variables, fijos y permanentes, sin incluir en ningún caso el beneficio industrial.
Las Administraciones públicas, con el fin de garantizar la prestación a las personas usuarias de los servicios sociales y sociosanitarios previstos en el Catálogo de servicios y prestaciones o en la planificación autonómica, insular o municipal, siempre que acrediten que no disponen de medios propios suficientes, y dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas a tales efectos, podrán suscribir conciertos sociales con las personas y entidades proveedoras de servicios.
En aplicación de este reglamento, pueden ser objeto de concierto, la reserva y ocupación de plazas en centros y en servicios de carácter sociosanitario para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; la gestión integral de los servicios, prestaciones o centros previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se establezcan con la posibilidad de ser gestionados de manera indirecta y la gestión parcial de los servicios y de las prestaciones contenidos en el citado Catálogo de Servicios y Prestaciones.
A través de este Decreto, se definen entre otros elementos, los distintos servicios, las prestaciones que contemplan cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.
Los servicios que opten a un modelo de concierto social deben disponer de autorización y/o acreditación administrativa y estar inscritos en el Registro Único de entidades, centros y servicios, así como habrán de cumplir un conjunto de obligaciones de gestión y de control fijadas legalmente y desarrolladas en el presente Decreto.
El Consejo autoriza una subvención de 200.000 euros para un gabinete de igualdad en Comisiones Obreras
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves una subvención directa al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) Canarias para financiar el proyecto Gabinete de igualdad de trato y de oportunidades por importe de 200.000 euros.
En concreto, se propuso la concesión directa atendiendo a razones de interés social formuladas por CCOO Canarias bajo el fundamento de fomentar de la paridad de oportunidades entre mujeres y hombres en la práctica sindical, en cumplimiento de la igualdad reconocida por la Constitución Española.
Tras la reciente obligatoriedad de elaboración y aplicación de un plan de igualdad para todas las empresas españolas a partir de 50 personas trabajadoras a lo largo de 2021 y próximo año, el Real Decreto 901/2020 establece que la comisión negociadora de los nuevos documentos en las sociedades mercantiles sin representación legal de la plantilla debe contar con las organizaciones sindicales con mayor representatividad, como CCOO y Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias.
Enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022, la ayuda directa a CCOO genera la oportunidad de informar y formar a los delegados sindicales mediante las oficinas técnicas ante su posterior participación en los nuevos procesos de negociación laboral para planes de igualdad.
Mayor aportación a la herramienta diplomática
Por otro lado, el Consejo también acordó la declaración de concurrencia de causas de coyuntura económica para la ampliación de crédito por importe de 19.350 euros con el objetivo de completar la financiación de Casa África.
Tramitado a través de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, el expediente permite atender la mayor aportación con cargo al presupuesto autonómico en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Consorcio de Casa África para el incremento financiero de los diferentes miembros de la herramienta diplomática, integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El Gobierno aprueba la supresión de dos másteres de la oferta académica de la ULPGC
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 4 de noviembre, el decreto por el que se establece la supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de dos títulos oficiales de másteres por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
El Máster Universitario en Banca y Finanzas desaparecerá de la oferta formativa del centro universitario ya que la demanda de dichos estudios ha ido en declive en los últimos cursos, hasta situarse las solicitudes por debajo de 15, cifra mínima requerida por ley.
Por otro lado, la implantación del Máster Universitario en Oceanografía por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Vigo, que ofrecen una titulación común y trabajo en red desde el curso 2015-16, implica la supresión del Máster Universitario en Oceanografía que ofertaba la ULPGC hasta entonces.
ACFI PRESS/Mauricio del Pozo
