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Política.- Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno (8 fotos).



























Rueda de prensa íntegra AQUÍ

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El Gobierno de Canarias acuerda activar el 1 de diciembre el cribado de pasajeros nacionales que entren en Canarias

Aquellas personas procedentes de otra región del país deberán presentar certificado de vacunación contra la COVID-19 o el de haber superado la enfermedad o bien una prueba diagnóstica negativa hecha 72 horas antes de su llegada

Además, el Ejecutivo encargó a la Consejería de Sanidad un informe sobre cómo promover la obligatoriedad de presentar Certificado COVID para acceder a determinados espacios y actividades

El Gobierno de Canarias aprobó en su sesión ordinaria de este jueves, día 18 de noviembre, activar a partir del 1 de diciembre la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-CoV-2 mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima. Esto implica que aquellas personas que lleguen a Canarias desde otra región española deberán portar el certificado vacunal contra la COVID-19, o una prueba diagnóstica de infección activa negativa o bien el certificado de haber pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.

Esta medida, que se puso en marcha el pasado 18 de diciembre y culminó el 30 de septiembre, constituye una herramienta necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus en viajeros procedentes de otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de vacunación contra la COVID-19.

La Consejería de Sanidad modificó a principios de julio la norma, excluyendo de la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros menores de 12 años que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Para el resto de población mayor de 12 años (o con 12 años cumplidos) continuará vigente la normativa que obliga a someterse a la realización de una PDIA para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a Canarias.

Supuestos de exclusión de realización de la PDIA

No se exige la presentación de PDIA negativa en el momento de la entrada a Canarias en los siguientes casos, además de a los menores de 12 años:

-Personas en tránsito a través del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, aquellas que hagan escala en Canarias cuyo destino final sea otro país u otro lugar del territorio nacional.

-Personas que acrediten haber estado fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, con independencia de su lugar de residencia.

-Personas vacunadas contra la COVID-19 con la pauta completa de vacunación dentro de los 8 meses previos al desplazamiento, o bien con una dosis con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses previos al desplazamiento.

-Personas que hayan pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.

El certificado de vacunación y de recuperación de la COVID-19 se puede obtener en la aplicación www.micertificadocovid.com o bien accediendo a miSCS, dentro del espacio web miHistoria.

Certificado COVID

Además, el Consejo de Gobierno de Canarias encargó a la Consejería de Sanidad promover la implantación del Certificado COVID en las islas y para ello se debe analizar a qué sectores y actividades afectará así como la manera de materializarlo.

El Gobierno aprueba un decreto de ayudas para beneficiarios de la PCI y para paliar los efectos sociales de la crisis volcánica

Los perceptores de la PCI, PNC y Fondo de Asistencia Social contarán con un pago único no renovable de 250 euros

Además, se contempla, un pago extraordinario para hacer frente a los gastos ocasionados por la situación derivada de la erupción  

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto-ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC), del Fondo de asistencia Social, del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para paliar los efectos sociales derivados de la covid-19.

Además, se ha aprobado también un suplemento extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social y agrario.

El objeto de este decreto-ley es el establecimiento de una prestación social finalista y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción; pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social (FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID 19, a fin de atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.

Se trata de una prestación finalista y personal destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, de carácter extraordinario de 250 euros, que se abonarán mediante un pago único.

Además, el decreto-ley contempla el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica.

Se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.

En otro orden, el Decreto-Ley ratifica la medida avanzada por la consejera Noemí Santana en el Parlamento de Canarias hace algunas semanas mediante la cual las personas que en el pasado hubieran sido perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción y hayan agotado los plazos vigentes, quedando fuera del sistema, puedan volver a solicitarla. Hecho relevante que se incluye por primera vez en la regulación de dicha medida.

El Gobierno de Canarias sanciona a Unelco Endesa y Red Eléctrica por el cero energético de Tenerife de 2019

La empresa generadora tendrá una sanción de más de 13 millones de euros, mientras que la multa al transportista supera los 11 millones  

El Consejo de Gobierno de este jueves, 18 de noviembre, ha aprobado los decretos por los cuales se resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO Endesa) y Red Eléctrica de España S.A.U. por el cero energético ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2019 en la isla de Tenerife.

En el caso de la empresa distribuidora y generadora (UNELCO Endesa) la sanción será de 13.668.001 euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso del transportista (REE) la multa ascenderá hasta los 11.190.751 euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo. En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el pasado 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2.

Este hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica. No sólo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos Gas 1 y 2 la estrategia de reposición de suministro.

En el caso de Red Eléctrica de España, entre otros aspectos, ha resultado patente que la Subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones, conforme a su grado de criticidad exigido en el Sistema Eléctrico Canario. Este comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red.

Como consecuencia de estos hechos, ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica.

El órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

El Gobierno ratifica el proyecto del primer Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias para facilitar el acceso a una vivienda y garantizar los derechos de los consumidores

El Ejecutivo solicitará de forma inmediata el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias como paso previo para la entrada en vigor de este nuevo Registro incluido entre los objetivos del Plan de Vivienda deCanarias 2020-2025

El Gobierno de Canarias ha tomado en consideración y ratificado hoy en su sesión semanal del Consejo la propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, en coordinación con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, para la creación del primer Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias a través de un decreto que regulará el funcionamiento de este sector. Con la creación de este Registro se da cumplimiento a uno de los objetivos que incorpora el Pacto por la Vivienda Digna, reflejado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es el de facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda, identificar a los profesionales del sector de forma adecuada y con transparencia y garantías de contratación, teniendo como objetivo la protección de los consumidores y favoreciendo la calidad en la prestación de un servicio que, habitualmente, supone grandes desembolsos para la ciudadanía.

La ratificación acordada hoy en el seno del Consejo de Gobierno es el penúltimo paso antes de que este registro se apruebe y entre en vigor, por eso, el consejero Franquis anunció que el Gobierno solicitará de forma inmediata el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el decreto con el que se aprobará este nuevo reglamento.

Este registro, cuando entre en vigor de manera definitiva, tendrá un carácter gratuito y voluntario, pero será necesario disponer de un domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias, con un establecimiento abierto al público o prestar servicio telemático de las islas y acreditar su capacidad profesional mediante la pertenencia al Colegio Oficial u otros criterios de cualificación y experiencia profesional certificada. Además, los profesionales deberán disponer de solvencia económica suficiente mediante las garantías y seguros de responsabilidad necesarios.

Durante la tramitación de este Registro por parte de personal de la Consejería, se ha consultado a los representantes del sector inmobiliario y a las asociaciones profesionales vinculadas con el objetivo de regular esta actividad para facilitar un mejor acceso al parque de viviendas de Canarias y cumplir así con uno de los principales ejes del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es garantizar el acceso a la vivienda con toda seguridad.

El proyecto de decreto aprobado hoy por el Consejo se compone de 16 artículos agrupados en cuatro capítulos. Con la creación de este Registro, el Gobierno canario no pretende regular la actividad profesional de los agentes inmobiliarios, sino solo precisar los requisitos que deben cumplir tales profesionales para poder inscribirse en el mencionado registro y las obligaciones a que se comprometen con ello, siendo la inscripción voluntaria y gratuita.

El SCS emitió en octubre 4,4 millones de recetas de medicamentos y productos dietoterápicos

 El gasto medio por receta se situó en 11,62 euros, un 0,05% inferior al del mismo mes del año anterior

 La Consejería de Sanidad presentó este jueves, 18 de noviembre, en Consejo de Gobierno el informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente al mes de octubre, que ascendió a 52.115.751,79 euros e incluye el gasto en medicamentos y productos dietoterápicos, así como el importe por la exención del copago a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales.

Según los indicadores de la prestación farmacéutica, en esa mensualidad se emitieron 4.430.590 recetas, un 5,41% más que en el mismo mes del año anterior, por lo que el número acumulado de recetas facturadas con cargo al SCS en los primeros diez meses del año es de 43.384.973 euros.

El gasto medio por receta se situó en octubre en 11,62 euros, con un descenso del 0,05%. Por Áreas de Salud, solo La Gomera superó los 12 euros de gasto medio mensual (con 12,62 euros).

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo con estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de octubre que se comunica al Ministerio asciende a 49.717.722,03

El Gobierno de Canarias destina 477.476 euros al recurso de Arca de Noé para el cumplimiento de las cuarentenas por COVID-19 en Fuerteventura

Este recurso se utiliza para el aislamiento de personas que lo tengan indicado por razón del virus y tengan dificultad para su cumplimiento  

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la contratación de emergencia en la isla de Fuerteventura de recursos de alojamiento de corta estancia, dentro del proyecto "Arca de Noé" por valor de 477.476,80 euros. Este recurso, que ha cubierto 7.416 pernoctaciones entre los meses de junio a septiembre, se ha activado para el aislamiento o cuarentena de personas que lo tengan indicado por razón del COVID-19 y tengan dificultad para su cumplimiento.

Con carácter previo a la contratación, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura ha informado de la necesidad de dotar a la isla de un recurso alojativo y convivencial alternativo que posibilite que las personas vulnerables puedan hacer un aislamiento o cuarentena adecuado, lo que evita ingresos hospitalarios que no sean estrictamente necesarios y deja libres recursos para pacientes con mayor necesidad de cuidados.

A raíz de la necesidad justificada en tales informes, la Dirección de Área de Salud contrató por tramitación de emergencia, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el servicio de alojamiento en establecimientos de corta estancia.

El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha en octubre del año pasado por el Servicio Canario de la Salud para la puesta a disposición de alojamientos privados a personas socialmente vulnerables y migrantes que deban realizar aislamiento o cuarentena por ser casos positivos en COVID-19 o casos sospechosos, probables o contactos estrechos de un positivo.

Igualmente, está destinado a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena,

Con el alojamiento de corta estancia se evita la propagación del virus como consecuencia de nuevos contagios, el uso de recursos sanitarios sin que existan motivos asistenciales que lo justificaran y la reducción de la presión hospitalaria

El Gobierno aprueba destinar 74.481 euros a la mejora de las conexiones entre diversos módulos del HUC

 Contratada por el procedimiento de emergencia una pasarela y una rampa para el traslado de pacientes desde unidades de hospitalización a las áreas quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de críticos

El Consejo de Gobierno fue informado hoy por la Consejería de Sanidad de la contratación por el procedimiento de emergencia de las obras de construcción de una pasarela y rampa de conexión entre distintos módulos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, cuya ejecución resultaba imprescindible para facilitar las comunicaciones entre unidades de hospitalización con las áreas quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de pacientes críticos. Las obras fueron contratadas a la empresa PROYECTOS SIMEON GH, por un importe total de 74.481,23 euros, IGIC incluido, por resolución de 30 de marzo de 2021 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Canarias.

Tras la declaración del estado de alarma por Covid-19 y el aumento de la presión asistencial debido a la crisis sanitaria, fue necesario realizar obras de adaptación en el complejo hospitalario para aumentar el número de camas, que consistieron en la reforma interior de la planta baja del edificio M (actualmente F) y la reforma de las plantas 1 y 2 del edificio D. Estos trabajos fueron encargados al medio propio TRAGSA.

Si bien estas obras cubrieron la necesidad del aumento del número de camas de hospitalización, quedó pendiente la conexión entre ambos edificios (F y D) con el núcleo principal del complejo, lo que impedía el tránsito de pacientes y las comunicaciones internas con otras áreas asistenciales, como las de pruebas diagnósticas, área de críticos y quirúrgica, que se ha resuelto con la rampa y la pasarela de reciente construcción.


ACFI PRESS / Estefanía Briganty

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