La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, Marisa Zamora, señaló esta tarde que según estimaciones más de 50.000 canarios dependientes podrán beneficiarse de las prestaciones y los servicios que la Ley de Dependencia garantiza. Una cifra que la consejera apuntó se conocerá con certeza cuando comience a aplicarse la Ley (en el plazo de tres meses) porque “hay personas que cuidan en solitario a los mayores o discapacitados en sus casas”.
Zamora hizo estas declaraciones durante un receso de la reunión constitutiva del Consejo Territorial de la Dependencia, órgano creado por la Ley de Dependencia y formado por el Gobierno y las comunidades autónomas (CC.AA). Un consejo que ha estado presidido por el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera y que deberá acordar en el plazo máximo de tres meses el desarrollo reglamentario de la Ley.
Tras horas de deliberación, finalmente en la reunión entre el Estado y las CC.AA se acordó que el Consejo estará conformado por 12 miembros de la Administración Pública más los 17 consejeros del área de las CC.AA y de las dos ciudades autonómicas. Una decisión con la que no han estado de acuerdo los consejeros del PP, cuya propuesta era de 3 miembros del Estado y las CC.AA.
Por su parte, Zamora explicó que Canarias adoptó un papel conciliador entre ambas posturas enfrentadas y planteó que los acuerdos se adopten por mayoría de las CC.AA. “Lo importante es que vamos a ser las CC.AA las que vamos a decidir por mayoría los acuerdos que se adopten. Lo demás es bloquear y lo que no podemos permitir es que los acuerdos se bloqueen porque una comunidad no está de acuerdo”, aseguró.
Asimismo, la consejera destacó que en el Consejo Territorial, órgano en el que se van a desarrollar todos los sistemas de baremación y la cartera de servicios, es necesario que los acuerdos se tomen con “cierta flexibilidad”.
En esta línea, Zamora recordó que el Gobierno regional ha apostado por esta norma desde el principio, tal y como demuestra el hecho de que muchas de las propuestas planteadas por Canarias (que los niños de 0 a 3 años entraran dentro de la ley, o que se tuvieran en cuenta factores como la dispersión de población o insularidad a la hora de la financiación) se hayan recogido finalmente en la Ley. “Nosotros creemos que el cuarto pilar del Estado del Bienestar es el que se va a desarrollar en los próximos 10 años y Canarias no puede quedarse detrás de estas espectativas” apostilló.
El Gobierno regional aprobó en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 una partida de 107 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia con los que se crearán 1.387 plazas nuevas para las personas que tienen un nivel de dependencia.
Reivindicación
Por otro lado, María de la Salud Gil, la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, fue la encargada de poner la nota de color a una tarde en la que una vez más se pusieron de manifiesto enormes diferencias existentes entre los dos grandes partidos nacionales.
Salud Gil se plantó en el Ministerio con la pretensión de denunciar que a los Cabildos insulares no se les diera ni voz ni voto en la constitución de un órgano que “va a tomar en el país todas las decisiones importantes que tienen que ver con la atención que van a recibir los grancanarios en materia de discapacidad”.
“No podemos consentir que en Madrid, el Ministerio tome las decisiones que tiene que ver con la vida cotidiana de los grancanarios”, declaró Salud Gil, quien justificó de esta manera su asistencia a pesar de no haber sido invitada, a la par que denunció que la Comisión Delegada, foro al que han sido invitados los cabildos insulares y las diputaciones forales, “no tiene ninguna función”.
“Nosotros no somos auxiliares administrativos del Ministerio, somos una corporación con competencias propias que tomamos decisiones y que sabemos cuales son las competencias de los grancanarios, por tanto no se nos puede ignorar” apostilló.
ACFI PRESS
