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Agricultura.- Rafael Hernández, presidente regional de COAG: "A Canarias están llegando pimientos de invernaderos de Almería clausurados por Sanidad..." (corte 1).


Rafael Hernández y Juan Hernández, presidente regional y secretario insular respectivamente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), han denunciado esta mañana la pasividad del Gobierno de Canarias ante la entrada y venta de pimientos tratados con pesticidas ilegales en el mercado canario que habían sido retirados de los mercados nacionales.

Según denuncia Rafael Hernández, la UE, concretamente Alemania, detecta las primeras partidas de pimientos en Almería con restos de pesticida ‘isofendos metil’, un plaguicida prohibido de origen chino distribuido en el mercado negro. “La Ministra de Sanidad española -explica Hernández- lo corrobora y declara que no tiene efectos nocivos para la salud; sin embargo, clausura trece invernaderos en esta provincia y les retira el registro sanitario a ocho de ellos, pero desde esos invernaderos están llegando pimientos a Canarias”.

El presidente regional continúa explicando que “nos hemos puesto en contacto con nuestra delegación de la COAG en Almería, y nos confirman que aquí (en las islas) se están vendiendo los pimientos a un precio más barato que de origen, y eso significa que tienen algún problema”.

Desde la COAG, representante regional y secretario insular denuncian que “el recién creado Instituto de Calidad Alimentaria, dependiente del Gobierno Canario, tiene conocimiento de ello a través de nuestras denuncias y no hacen nada”. “También -continúa el presidente- lo hemos puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Agricultura, y aún no tenemos ninguna respuesta”. Explican los denunciantes que ellos no saben qué empresas compran en destino esos pimientos, “pero la administración sí puede saberlo y debe sancionarlos”.

Los representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias justifican la pasividad de los organismos públicos porque “hay otros intereses que priman sobre la seguridad de los ciudadanos y agricultores”, dicen.



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