El portavoz de CC, Paulino Rivero ha señalado esta mañana que su grupo entiende que “la radiografía de la problemática de la inmigración irregular está suficientemente estudiada, sabemos las medidas legislativas que hay abordar y lo que hace falta es ponerlas sobre la mesa y no dilatar más la respuesta al que los ciudadanos piensan que es el principal problema del Estado español”. Este ha sido el argumento con el que el líder nacionalista canario ha explicado los motivos que han impulsado a su grupo a presentar una Proposición de Ley Orgánica de medidas para la lucha contra la inmigración clandestina.
Además, Rivero recordó que desde que a mediados de septiembre su grupo presentara una PNL sobre la inmigración clandestina procedente de África, el Gobierno solo ha tomado medidas “parche” que no evitarán nuevas avalanchas de cayucos. Asimismo, explicó que en este momento en el que “aparentemente” la presión migratoria ha disminuido es tiempo de adoptar reformas que permitan abordar de una manera global al medio y largo plazo el fenómeno de la inmigración irregular.
Asimismo, reiteró que los casi 900 menores no acompañados que se encuentran acogidos en Canarias son competencia del Estado y que éste como tal debe hacerse cargo de ellos y no apelar, como a hecho hasta la fecha, a la buena voluntad de las comunidades autónomas para resolver el problema.
Estas razones, y la falta de fe en que PP y PSOE lleguen a un acuerdo sobre inmigración en la subcomisión de trabajo que será aprobada mañana en el Pleno del Congreso, son las que han llevado a CC a presentar una Proposición de Ley en ambas Cámaras que entiende que “puede servir como eje” para debatir las medidas necesarias a la hora de hacer frente a la inmigración ilegal en todas sus vertientes.
Entre las propuestas que se recogen en esta iniciativa cabe destacar que se aboga por la reforma del Código Penal para perseguir tanto a los patronos de los cayucos como a los traficantes de personas; la modificación del Código Civil para, por una parte, dificultar los matrimonios de conveniencia como medio de adquisición de la nacionalidad española y por otra, evitar que las situaciones de apatricia faciliten la adquisición de dicha nacionalidad; la reforma de la Ley de Extranjería, para evitar la reentrada en el país de los inmigrantes que ya han sido devueltos o expulsados, la atribución al Estado de la competencia de los menores no acompañados y la ampliación del plazo máximo de retención en los centros de internamiento de 40 días a 70.
También apuesta por la canalización de la inmigración legal a través de la oferta de cupos de trabajo a los países limítrofes con el sur de España, a cambio de que estos países se comprometen al control de sus fronteras o el incremento de los controles en los puertos y aeropuertos, entre otras.
ACFI PRESS
