El diputado de Coalición Canaria Fernando Ríos exigió hoy a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, la declaración urgente y de interés general de la construcción de un nuevo dique en San Andrés que resuelva definitivamente los problemas de inundaciones del barrio santacrucero.
El diputado nacionalista, a instancia de los colectivos vecinales y del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, interpeló hoy en la sesión de control al Gobierno del Congreso, a la ministra de Medio Ambiente, para plantear el problema que padece reiteradamente, desde hace décadas, San Andrés.
El último episodio se produjo en la madrugada del pasado 29 de agosto, cuando el fuerte oleaje volvió a provocar cuantiosos daños materiales en la avenida y las calles adyacentes, anegando viviendas, restaurantes, comercios y vehículos.
Ríos afirmó que el problema requiere “una solución que no puede esperar”, y recordó que la petición del dique de protección para el litoral de San Andrés es una vieja reivindicación de la ciudad y de los vecinos. “Hasta ahora, las excusas de la administración central han sido múltiples: la falta de recursos, la presencia de sebadales, la posibilidad de hacer un puesto pesquero y deportivo, la falta de acuerdo entre instituciones y vecinos…”
Fernando Ríos advirtió que este problema no es sino uno más de la larga lista de incidencias que en materia de Costas existe entre el Estado y Canarias, fruto de una falta de entendimiento que hizo necesaria la creación, en el seno de la comisión bilateral Canarias Estado, de una subcomisión para analizar la problemática del archipiélago en materia de costas y proponer soluciones.
“La única solución que encontramos ante tanta conflictividad con el Estado”, dijo Ríos, “es la efectiva transferencia de las competencias en materia de costas y ordenación del territorio a Canarias, como ya se ha hecho con Andalucía y Cataluña”.
ROSA AGUILAR
La ministra Rosa Aguilar afirmó que el Gobierno, a través de la Dirección General de Costas, actuó en la última inundación de San Andrés desde el primero momento, en contacto permanente con el alcalde de Santa Cruz.
Aguilar dijo que en la reciente reunión de coordinación que convocó el Ayuntamiento “el Gobierno anunció sus compromisos, las actuaciones que vamos a llevar a cabo”, que la ministra concretó en “el inicio, hoy, de las labores de reparación de la escollera, con una inversión de 490.000 euros; y el encargo a la Autoridad Portuaria de un proyecto que sea la solución estable y definitiva”.
“La Autoridad Portuaria ha encargado ya las pruebas técnicas necesarias y previas a la elaboración de un proyecto para la construcción de un dique sumergido que todas las administraciones reunidas hemos convenido como la mejor solución”.
La ministra subrayó la necesidad de la colaboración de todas las instituciones (Gobierno central, autonómico, Cabildo y Ayuntamiento) “para una solución que debe ser definitiva”, y advirtió que de la financiación entre ambos gobiernos sólo se hablará cuando esté redactado el proyecto.
Ante la tibieza de la respuesta de la ministra, Fernando Ríos insistió en que los vecinos no quieren “una solución parcheada, sino definitiva. Una solución que no se acordó por primera vez en la reunión de coordinación, sino que es una reivindicación que dura muchos años, y ante la que el Gobierno del Estado no ha querido, no podido o no ha sabido dar solución”.
El diputado de Coalición Canaria reiteró la necesidad de que el Gobierno central se comprometa políticamente, mediante la declaración de interés general y por la vía de urgencia estas obras, a la construcción del dique semisumergido. Eso permitirá la elaboración del proyecto, y una vez sabido cuál es el coste, construirlo.
“No vale que diga que el Gobierno tiene voluntad de colaborar, porque la competencia es suya”, señaló Ríos a la ministra, a la que pidió la transferencia de competencias en materia de costas, como ha hecho el Estado con Andalucía y Cataluña.
Respecto a los convenios existentes entre el Estado y Canarias, Ríos se quejó de que en ocasiones se incumplen “porque el Estado a veces prioriza las obras en los ayuntamientos de su color político, y no se atiende a las prioridades que establecen los acuerdos”.
ACFI PRESS
