Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este pasado jueves 5 de enero.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la situación jurídica y actuaciones futuras concernientes a la Central Nuclear de Santa Maria de Garoña. El ministro de Industria, Energía y Turismo ha planteado al Consejo su intención de dirigirse al Consejo de Seguridad Nuclear para solicitar un informe sobre la posible prolongación de la vida útil de la Central y, en consecuencia, para tomar la decisión sobre la vida útil de la Central.
La Central de Santa María de Garoña recibió un permiso provisional de explotación en 1970 y ha obtenido con posterioridad sucesivas prórrogas de la autorización de explotación. Por Orden del Ministerio de Industria y Energía del 5 de julio de 1999 se otorgó una renovación del permiso de explotación por un plazo de diez años a partir de esa fecha.
En el año 2006, en tiempo y forma oportunos, se recibió en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitud por la que el titular de la referida central interesaba la renovación de la autorización de explotación por un período de diez años. Dicha solicitud fue remitida al Consejo de Seguridad Nuclear para la emisión del correspondiente informe y el 5 de junio de 2009 el Consejo se pronunció favorablemente sobre la renovación de la autorización en dichos términos, siempre que la misma se ajustara a los límites y condiciones expuestos en el Anexo de dicho informe, referentes a seguridad nuclear y protección radiológica.
El 17 de junio de 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio remitió nueva solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear para que emitiera informe correspondiente a la renovación de la autorización de la central por plazos alternativos de dos, cuatro o seis años, tras el cual se procedería al cese definitivo de la explotación de la central El Consejo de Seguridad Nuclear emitió el 24 de junio de 2009 el informe así solicitado, con referencia a los distintos plazos señalados por el Ministerio.
El 4 de julio de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial por la que se fijaba como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013 y se autorizaba su explotación hasta dicha fecha.
Contra dicha Orden se interpusieron doce recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, algunos de los cuales pretendían que se acordase el cierre inmediato de la central nuclear, mientras que los restantes pretendían la anulación del cese de explotación y la consiguiente prórroga de la autorización hasta el año 2019. El 30 de junio de 2011 la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando todos los recursos interpuestos, confirmando así la Orden impugnada. Contra dicha sentencia se han interpuesto diversos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que están pendientes de resolución.
Con posterioridad a la Orden Ministerial citada de 2009 se han producido diversas circunstancias (entre otras, el continuado incremento del denominado déficit de tarifa, la subsiguiente elevación de las tarifas de acceso y, consiguientemente, del precio de la electricidad pagado por los consumidores, así como la designación, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, del emplazamiento para la construcción del Almacén Temporal Centralizado) que hacen aconsejable reconsiderar la decisión en aquel momento adoptada, a fin de prolongar la vida operativa de la central hasta el año 2019, de acuerdo con la solicitud formulada por el titular, que fue en su momento informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear. Ello, además de otras ventajas, tendrá un efecto positivo sobre los costes del sistema eléctrico, contribuyendo a la lucha contra el déficit de tarifa, y facultará la recaudación de mayores recursos para financiar la gestión de recursos radiactivos.
Por otro lado, dicha decisión estaría en línea con lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley de Economía Sostenible, según el cual la planificación energética indicativa y las ulteriores actuaciones de ordenación del sistema energético han de tener, entre otros objetivos, el de "determinar los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales, en el marco de la legislación vigente, en su caso correspondan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica, la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por la normativa europea vigente".
Sistema Financiero
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la situación del sistema financiero y, en particular, sobre el calendario de reformas comprometido para los primeros 6 meses del año.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el ministro se dirigirá por carta inmediatamente al gobernador del Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que de acuerdo con los datos del informe, "el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas".
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo las directrices para la elaboración de un plan general de control del fraude para el año 2012, con el que el Gobierno espera elevar la recaudación en 8.171 millones de euros.
La vicepresidenta ha avanzado que se intensificará la investigación del fraude fiscal, así como el control en la fase recaudatoria. Además, se aumentará la colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas.
Sáenz de Santamaría ha destacado que Hacienda está estudiando la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para luchar así contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro en esos pagos.
Sector público empresarial
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas también ha presentado un informe sobre la situación del sector público empresarial y funacional que refleja la necesidad de su reestructuración y redimensionamiento. Soraya Sáenz de Santamaría ha concretado que más de 4.000 entidades forman parte de las administraciones públicas.
La vicepresidenta ha subrayado que la tarea de reestructuración debe ser compartida entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
Soraya Sáenz de Santamaría ha anticipado que el Gobierno tiene previsto convocar para el próximo mes de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él se abordará el cumplimiento de los compromisos de redimensionamiento del sector público fijados en el año 2010 y su actualización. En ese año, ha añadido, se fijó la reducción de 115 organismos públicos y "no se han eliminado más de 70 entidades".
Además, el Gobierno ha solicitado a los distintos departamentos ministeriales información exhaustiva sobre la situación de los organismos vinculados a cada uno de ellos, para decidir si se mantienen, se fusionan con otros similares, se traspasan o se enajenan.
Empleo y Seguridad Social
El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el empleo y la Seguridad Social presentado por la ministra Fátima Báñez. En su informe la ministra ha dado cuenta de los datos conocidos esta semana sobre su evolución durante 2011 y ha facilitado los datos que afectan a la desviación del presupuesto de la Seguridad Social.
La vicepresidenta del Gobierno ha detallado que, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la previsión del déficit de la Seguridad Social para el ejercicio 2011 es de 668 millones de euros; es decir, un déficit para el año 2011 del 0,06% del Producto Interior Bruto.
Sáenz de Santamaría ha añadido que las previsiones del Gobierno anterior estimaban que la Seguridad Social iba a acabar con un superávit del 0,4%, pero "la realidad dura y difícil es que la Seguridad Social acabará con un déficit del 0,06, es decir, de 668 millones de euros".
La vicepresidenta ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y al conjunto de la opinión pública. En este sentido, ha dicho que la "Administración de la Seguridad Social hará los oportunos pagos y los oportunos ingresos sin ningún problema, y se pagarán las pensiones".
Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que España necesita "medidas extraordinarias porque extraordinaria es la situación". "Un presupuesto tan importante como es el de la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto frente un superávit del 0,4 que era el previsto", ha dicho.
ACFI PRESS
