Francisco Garrido, diputado y portavoz de Los Verdes en el Congreso de los Diputados ha denunciado esta mañana en Madrid la situación de ilegalidad en la que se encuentran decenas de depuradoras en el territorio español, entre las que ha citado a la depuradora de Las Palmas de Gran Canaria.
La iniciativa que será presentada próximamente en la Cámara Baja, señala que existen depuradoras repartidas por todo el territorio español y especialmente en las comunidades autónomas con litoral, así como en Madrid y Castilla-La Mancha, que infringen el art. 4 del reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas que determina que debe haber una distancia mínima de dos kilómetros desde la depuradora hasta los núcleos urbanos.
“Nos preocupa mucho que esta norma esté abiertamente incumplida en las zonas costeras” ha destacado Garrido, quien ha agregado que “esto supone un problema de salud pública de primera magnitud. Un problema del que además no conocemos todavía sus consecuencias inmediatas, pero que en el año 1961 –año en el que se aprobó la normativa- se tomó como medida de precaución esta distancia”.
Además, el portavoz parlamentario de Los Verdes aclaró que si se cumpliera el reglamento, se preservían determinadas zonas de la costa de la “voracidad” urbanística ya que no se podría construir a menos de estos dos kilómetros de la depuración.
Entre las actuaciones que llevará a cabo la formación política en este sentido, se encuentra en primer lugar, la petición de información exacta al Ministerio de Medio Ambiente sobre las condiciones en las que se encuentran dichas depuradoras y en segundo lugar, instarán al Gobierno de la Nación a través de los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente a que en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos establezca un plan para que en un tiempo razonable todas las depuradoras españolas cumplan con dicho reglamento.
Asimismo, Los Verdes entienden que “dada la dimensión del problema” no se puede abordar exclusivamente desde las comunidades autónomas o los ayuntamientos, razón por la que están convencidos de que debe ser el Ejecutivo central quien coordine una acción para garantizar la solución al problema. “Es una contaminación silenciosa que daña la salud humana y que supone un riesgo muy importante para las personas que viven en el entorno de estas depuradoras” advirtió Garrido.
ACFI PRESS
