El Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy en el Pleno Ordinario el Convenio para la Dependencia 2012, que suscribirá la Corporación Insular con la Comunidad Autónoma Canaria, y que establece para Gran Canaria la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche para personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
Según la vicepresidenta segunda del Cabildo de Gran Canaria y consejera de Economía, Hacienda y Política Social del Cabildo, Rosa Rodríguez, “sin ser éste el convenio que más se adapta a las necesidades y recursos insulares puestos a disposición de la ciudadanía, hemos luchado por conseguir introducir propuestas que suponen una mejora en los porcentajes obtenidos hasta ahora en materia de discapacidad y adaptar los recursos a la realidad actual”.
Así por ejemplo, de la merma de 2,5 millones de euros detectada por los servicios técnicos del Cabildo de Gran Canaria en los fondos que debía aportar el Gobierno de Canarias en este marco, la Corporación Insular ha logrado recuperar 1,2 millones de euros.
Mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria ha adelantado los abonos de los tres primeros trimestres a los Ayuntamientos y Entidades que prestan los servicios de Dependencia y Discapacidad, sin haberse cerrado la negociación con la Comunidad Autónoma Canaria.
La Corporación Insular ha logrado también modificar la cláusula relativa al abono y justificación de aportaciones acorde a los porcentajes de participación que figuran en el Convenio firmado con el Cabildo de Tenerife, igualando dichas condiciones.
Así, los porcentajes de la aportación de cada Administración en el módulo social quedan en 50 - 50% respectivamente (CCAA-Cabildo) en el caso de plazas destinadas a personas mayores, y de 66,03% -CCAA- y 33,97% -Cabildo-, en el caso de plazas destinadas a personas con Discapacidad. Esta será la primera vez que el Cabildo de Gran Canaria no soporta dicho coste con igualdad de condiciones que la CCAA, al haber conseguido durante la negociación, como digo, las ventajosas condiciones que ya disfrutaba el Cabildo de Tenerife.
Además, hemos conseguido que se reordenen los recursos conforme a los centros en funcionamiento desde el 1 de enero de 2012 eliminando los recursos que no tenían actividad e incorporando aquéllos que, aún en activo, no estaban incluidos en el convenio.
El objetivo es optimizar las aportaciones económicas según la ocupación real de plazas operativas desde principios de año, conocedores de que la Comunidad Autónoma Canaria no va a considerar justificado el coste de plazas disponibles, como sí se ha reconocido en ejercicios anteriores.
Por otra parte, el Convenio recoge una partida correspondiente al programa de Monitores de Empleo e incorpora al Convenio la figura de Plaza Disponible en iguales condiciones que el Cabildo de Tenerife.
Por otra parte, si bien, la aportación económica máxima durante 2012 de la Administración Autonómica debiera ascender a una cuantía de 25.994.688 €, si bien, la financiación máxima prevista en el presente convenio sólo alcanza la cuantía de 23.345.763 €.
Así pues, el coste del modulo social de los servicios de Dependencia amparados en este convenio asciende para la Administración Autonómica a un máximo de 15.632.352€, y para el Cabildo de Gran Canaria, a 11.127.976€, sin perjuicio de soportar ésta el coste real de estos recursos, que supera en varios millones de euros las cifras del convenio.
Por otra parte, Rosa Rodríguez
insiste en que seguirá reivindicando que el Gobierno de Canarias atienda su petición de formalizar
el Convenio conforme a la previsión presupuestaria íntegra recogida en los Presupuestos de la
CAC.
Además, en 2012 el Gobierno de Canarias ha mantenido las mismas reducciones del
11,06% en el Módulo Sanitario y de un 3,21% en el Módulo Social, ya aplicadas en el ejercicio de
2011.
El coste por plaza previsto en el Convenio es igual al recogido en el ejercicio anterior; aún cuando la situación económica es sensiblemente peor.
Tampoco se han podido materializar la intención de revisar la tipología de 132 plazas de determinados centros de la isla para pasarlas a Grado III, debido a la insuficiente e invariable aportación de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Taliarte
Rosa Rodríguez se refirió también a la situación del personal de cocina de la Residencia de Mayores de Taliarte. "Sobre la situación del personal que prestaba sus servicios en la cocina de la Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte, la vicepresidenta II y consejera de Economía, Hacienda y Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, ha reiterado en el Pleno de hoy su convicción de que la oposición en la Corporación Insular utiliza a los mayores para hacer política, y su preocupación por la situación generada por parte de la empresa Hérgora, con quien mantenían vinculación laboral y la única responsable de los hechos, cuando el pasado 5 de octubre presenta su renuncia al contrato alegando dificultades técnicas para mantener la gestión de dicho servicio".
"Es Hérgora quien incumple, dejando sin suministro alimenticio a la residencia y a sus 400 usuarios, y colocando al Cabildo en una difícil y extrema situación sin apenas margen de actuación, ya que el cese del servicio se comunica sin apenas plazo. Es Hérgora quien no notifica los despidos de forma reglada haciéndoles creer que son personal subrogable, cuando en realidad el Instituto había comunicado expresamente y sin ningún género de duda a la contrata saliente, que la actividad sería prestada en lo sucesivo con medios propios, con empleados/as de la plantilla del IASS, luego no opera subrogación de empleados/as de clase alguna, al no ser aquel Acuerdo Laboral Estatal aplicable al Instituto, al no estar incluido en su ámbito de aplicación", sentenció Rodríguez.
ACFI PRESS
