El pleno del Cabildo de Gran Canaria exigirá por el acuerdo unánime al que han llegado en la tarde de hoy todos los grupos políticos que conforman la corporación insular, al Gobierno de Canarias que reequilibre las inversiones en Puertos canarios.
Según la Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los últimos años, los Puertos dependientes de la citada Comunidad han seguido incrementando su actividad portuaria, siendo éstas unas infraestructuras “esenciales para la movilidad” en un territorio fragmentado. Así, los Puertos canarios “determinan la relevancia de la función económica y social de la isla”, por lo que hay que “buscar la optimización de los recursos mediante la ampliación, mejora, adaptación y conservación de las infraestructuras existentes” y “el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicas”, además de “potenciar aquellos espacios portuarios que nos permitan mejorar los servicios”.
Sin embargo, “ya en los presupuestos del año 2012 el Gobierno de Canarias marginó a los puertos de la isla de Gran Canaria con una menor inversión en comparación con el resto de las islas”, según el texto de la moción presentada en la tarde de hoy por el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria.
Así, aquel año se consignaban partidas para la ampliación del Puerto de Tazacorte (La Palma) o para la nueva infraestructura portuaria del Puerto de Garachico (Tenerife) equivalentes a 5.693.266 y a 8.885.148 euros, respectivamente, así como 2 millones de euros para pequeñas obras en el resto de islas.
En 2013, “el Gobierno de Canarias vuelve a hacer lo propio”, al contemplar una inversión en la provincia de Las Palmas de 20.000 euros para Playa Blanca (Lanzarote), frente a los 3.980.000 euros para Garachico y los 1.999.000 para Tazacorte (en Tenerife y La Palma, respectivamente) y, a lo largo de la Legislatura, pretende llevar a cabo inversiones por 168,78 millones de euros, de los que “ni un solo euro” se destinará a Gran Canaria, siendo esa la causa de la moción.
Respeto a la doble capitalidad
El texto va en la línea de una segunda moción debatida instando también a que “se respete el principio de capitalidad compartida contenido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo referido tanto a su estructuras orgánica como a su actividad funcional”, tras comprobarse que “al margen de inadecuaciones orgánicas” detectadas, en el día a día de la Comunidad se producen “graves distorsiones” derivadas del hecho de que “la actividad de los titulares de los diferentes órganos, tanto de algunas Consejerías como de los órganos directivos horizontales que de las mismas dependen, se lleva a cabo sistemáticamente en las oficinas y despachos administrativos que no corresponden a los de la sede oficial de la Consejería de que se trate, normalmente en detrimento de las sedes oficiales que a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria corresponden”.
Aunque en esta ocasión se abstuvieron PSC-PSOE, NC y Coalición Canaria y el texto salió adelante con el apoyo del Grupo de Gobierno Insular compuesto por Partido Popular y los dos consejeros no adscritos, Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo.
A partir de este acuerdo, el Cabildo de Gran Canaria trasladará el mismo a los Grupos del Parlamento de Canarias para que en el marco de su función de control al Gobierno de Canarias verifiquen el cumplimiento efectivo de la capitalidad compartida.
ACFI PRESS
