El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, junto a la consejera de Transportes y Vivienda, María del Carmen Rosario, y el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, firmó en la mañana de hoy, en la sede de Presidencia de la Casa Palacio insular, un convenio de colaboración que permitirá a los grancanarios con problemas económicos y afectados por el impago de hipotecas acceder al asesoramiento e intermediación de los profesionales del Colegio de Abogados de Las Palmas. Esta es la primera vez que una Institución pública logra firmar un acuerdo de estas características en la provincia.
Tanto el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, como la consejera del área de Vivienda, María del Carmen Rosario, coinciden en que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria Canaria y el Colegio de Abogados de Las Palmas, han unido fuerzas conscientes de la intranquilidad que padecen muchas familias de la Isla, ante la posibilidad de perder sus casas por no poder hacer frente a los compromisos adquiridos en su momento con las entidades bancarias. Este convenio “atiende al estado actual de situaciones residenciales precarias de familias incursas en la imposibilidad de hacer frente a las cargas hipotecarias de sus viviendas”. En este sentido, el presidente del Cabildo y el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, “entienden que hay que ofrecer, como parte de la resolución de tales conflictos, una información y asesoramiento previo a la vez que una intermediación entre los afectados”.
El convenio hoy firmado entre ambas partes contempla el asesoramiento como un servicio de información dirigido a las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y pueden encontrarse, por esta causa, en riesgo de perder su domicilio habitual.
Mientras que la intermediación, figura que también oferta este convenio, se entiende como un procedimiento que facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera. En este sentido, la consejera de Transportes y Vivienda, María del Carmen Rosario, explica que “tratamos de encontrar una solución ante una demanda de ejecución hipotecaria y/o durante el proceso de ésta en los supuestos de rebeldía procesal, o habiendo ya un letrado designado, colaborar con el mismo al objeto de llegar a una transacción”.
El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, se compromete con este convenio a aportar la cantidad máxima de 60.000 euros anuales, en concepto de subvención para el pago de honorarios a los profesionales que intervengan en las actuaciones contempladas en este acuerdo.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Las Palmas debe prestar a los usuarios de este convenio “la asesoría jurídica necesaria, mediante la asignación de abogados en ejercicio, que contarán con la especialización necesaria para prestar el servicio de resolución de este tipo de conflictos”. En otro apartado se recoge que “el Colegio de Abogados presentará anualmente al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, una memoria de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de este acuerdo”.
ACFI PRESS
