El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aprovechó la comparecencia de hoy sobre el Plan de Vivienda para dar una última hora sobre las actuaciones que, de manera extraordinaria y urgente, se han activado desde la Consejería para destinar fondos y recursos a atender la emergencia habitacional que se ha producido en la isla de La Palma a consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
El Gobierno de Canarias, en una primera fase de urgencia, dio alojamiento a más de 300 familias desalojadas de sus casas para darles un techo mientras se activa una segunda fase de transición en la que está ahora la Consejería mientras se inicia la tercera y definitiva fase de reconstrucción.
Una de las primeras actuaciones que puso en marcha la Consejería a los pocos días de la erupción fue la creación de un registro único de afectados y la activación de un equipo especial con 27 trabajadoras sociales que han realizado ya 984 fichas sociales a otras tantas familias damnificadas.
Para ayudar a estas familias se han activado varios programas de ayuda. El más urgente la compra de 97 viviendas vacías a través de Visocan en la zona del Valle de Aridane cuya entrega ya ha comenzado con 25 familias que ya han recibido las primeras casas. A estas se suman otras cuatro cedidas por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. El Icavi también aportará en las próximas semanas otras 30 viviendas de su parque público y también se ha empezado el montaje en Los Llanos de Aridane de las primeras cinco de las 30 casas modulares que se han comprado para atender esta emergencia habitacional.
Una de las últimas medidas, activada a petición de los propios afectados que así lo manifestaron a las trabajadoras sociales que les entrevistaban, es la puesta en marcha de una línea de ayuda al alquiler para aquellas familias que perdieron sus casas y se encuentran de alquiler desde hace semanas. Esta ayuda cuanta con una dotación de 3,2 millones de euros y se prolongaría durante 36 meses, aunque el plazo es prorrogable, hasta que se culmine la fase de reconstrucción, con una aportación que alcanzaría un máximo de 594 euros mensuales por familia.
Todas estas intervenciones activadas por la Consejería en los últimos tres meses en la isla de La Palma suponen hasta ahora un desembolso de 13,9 millones de euros.
ACFI PRESS
