El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que la Comunidad Autónoma de Canarias está cumpliendo con la legislación vigente respecto a la distribución de menores migrantes. Cabello destacó que la ley que regula este proceso es clara y exige que, en situaciones de contingencia migratoria grave, el Estado Español asuma la responsabilidad de gestionar la acogida de los menores, distribuyéndolos por el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, señaló que, a pesar de los avances recientes, la situación de hacinamiento en los centros de menores de Canarias sigue siendo un problema grave.
En su intervención, el viceconsejero destacó que, aunque el Gobierno del Estado ha mostrado una aparente aceleración en la distribución de menores —con el aumento de plazas disponibles en la península y la apertura de un nuevo centro en Gran Canaria para 15 niños—, las cifras siguen siendo insostenibles para la comunidad autónoma. A día de hoy, el número de menores acogidos en Canarias ha aumentado en 50, alcanzando un total de 300 menores, lo que continúa superando la capacidad del sistema.
Cabello subrayó que, si bien el Tribunal Supremo ha instado al Gobierno del Estado a tomar medidas para aliviar esta situación, los esfuerzos realizados hasta el momento no son suficientes y no están cumpliendo con los plazos establecidos. El viceconsejero recalcó que, a pesar de las promesas de mejora, el flujo de menores hacia la península sigue siendo insuficiente.
Cumplimiento con el Tribunal Supremo y los desafíos para Canarias
Alfonso Cabello insistió en que, aunque Canarias está cumpliendo con la ley, el Gobierno de Canarias sigue esperando que el Gobierno del Estado cumpla con las indicaciones del Tribunal Supremo. Recordó que el Alto Tribunal emitió un plazo de 10 días hace ocho meses para revertir la situación de hacinamiento en los centros de menores en Canarias, pero hasta la fecha, los avances han sido limitados. Desde el 1 de septiembre, han llegado a la isla 131 menores, pero solo 20 han sido derivados a la península, lo que continúa dejando un saldo negativo en la distribución de los menores.
Cabello subrayó que la situación actual no solo afecta a los menores, sino también a la ciudadanía de Canarias en general, que está viendo cómo se agrava la crisis migratoria sin una respuesta eficiente por parte del Gobierno del Estado. En su opinión, las medidas implementadas hasta ahora no abordan adecuadamente la magnitud del problema. Además, recalcó que el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo pone en riesgo los derechos de los menores y la estabilidad del sistema de acogida en Canarias.
La respuesta del Gobierno de Canarias y los recursos disponibles
El viceconsejero también explicó que el Gobierno de Canarias ha tomado medidas para aliviar la situación, como la modificación de la ley, que obliga a la salida de los menores migrantes de las islas. Sin embargo, criticó que la apertura de nuevos centros en Canarias, como el de la Casa del Marino, no resuelve el problema de fondo. A pesar de ser un centro permanente, el hecho de que se habiliten más recursos en Canarias no hace sino agravar la saturación y el hacinamiento en los centros de menores.
Cabello reiteró que, en lugar de continuar habilitando más plazas en Canarias, lo más lógico sería garantizar que los menores sean derivados a la península, tal como establece la ley y las indicaciones del Tribunal Supremo. A su juicio, el hecho de que los menores se mantengan en los centros de Canarias, bajo una situación de sobrecupo, no solo incumple la ley, sino que pone en peligro el bienestar y la integración social de los menores, además de sobrecargar aún más el sistema.
El incumplimiento de la Ley de Extranjería y la necesidad de acción inmediata
Alfonso Cabello cerró su intervención destacando que la situación de los menores migrantes en Canarias sigue siendo un incumplimiento de la Ley de Extranjería. Según la normativa vigente, los menores migrantes deberían ser trasladados fuera de la Comunidad Autónoma en un plazo máximo de 15 días, pero el Gobierno del Estado ha fallado en cumplir con este plazo. Cabello insistió en que este incumplimiento sistemático está perjudicando a los menores, a la comunidad autónoma y a la credibilidad de las instituciones.
Finalmente, el viceconsejero concluyó que la solución al problema de los menores migrantes en Canarias no puede ser responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma, sino que debe ser abordada de manera coordinada y responsable por parte del Estado. En este sentido, el Gobierno de Canarias continuará exigiendo que se cumpla con las resoluciones del Tribunal Supremo y que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en el manejo de la crisis migratoria.
Con estas declaraciones, Alfonso Cabello dejó clara la postura del Gobierno de Canarias frente a la situación de los menores migrantes, subrayando la necesidad de una respuesta más efectiva y coordinada a nivel estatal para resolver una crisis que afecta tanto a los derechos de los menores como a la capacidad de Canarias para gestionar esta emergencia migratoria.
ACFI PRESS
