La Plataforma del Tercer Sector de Canarias ha presentado hoy [jueves 29] el informe Tejiendo redes para el futuro del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. Informe de resultados del proceso participativo, un documento clave, financiado por el Gobierno de Canarias, que recoge las aportaciones del sector para la elaboración de una futura Ley del Tercer Sector de Acción Social en el archipiélago.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó que "desde el minuto uno, hemos creado sinergias con las entidades del Tercer Sector para mejorar la financiación y la coordinación entre Administración y las entidades sociales". De hecho, afirmó, gracias a esta coordinación conjunta "hemos trabajo en cuestiones que había mejorar y que ya hemos mejorado como han sido el incremento del precio/plaza en materia de dependencia y discapacidad; la elaboración del marco normativo del Concierto Social, cuyo borrador está ya terminado y se encuentra en proceso para aprobación, o la mejora de las bases de la convocatoria del IRPF. Es decir: hemos ido mejorando aquellos ámbitos que el Tercer Sector se nos ha ido indicando y que, de hecho, ya contemplábamos en nuestras líneas de trabajo".
A este respecto, Delgado aclaró que una de las propuestas era hacer una ley que regulara los derechos, obligaciones y organización del Tercer Sector de Acción Social y su relación con la Administración canaria, "ya que tenemos una ley de ámbito estatal que hay que aterrizar a nuestro territorio".
Por su parte, la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, María Eugenia de León, destacó la sostenibilidad financiera como elemento clave para el Tercer Sector. "Son muchísimas las asociaciones que no están dentro de la Plataforma y cuyo trabajo es fundamental para la atención a las personas de ahí la importante de garantizar su sostenibilidad económica". "Las entidades sociales son pieza clave y estructural en las islas" afirmó la presidenta de la Plataforma, quien destacó "la participación en este informe de agentes que no estaban incluidos en el anterior anteproyecto, como los agentes del sector empresarial y las universidades, y cuyas aportaciones también son importantes para el trabajo en red que realizamos en Canarias".
El informe es el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, que contó con la participación de 116 personas en representación de 89 entidades del Tercer Sector y otros agentes sociales, a través de nueve mesas insulares —presenciales y online— celebradas en todas las islas. El proceso ha permitido incorporar una mirada diversa, territorial e insular, reflejando la pluralidad y complejidad del sector en Canarias.
El documento, de carácter técnico y propositivo, tiene como finalidad servir de base estructurada y fundamentada para la redacción del anteproyecto de ley. En él se traducen los consensos, aportaciones y matices surgidos del proceso participativo en propuestas de contenidos normativos concretos, orientadas a dotar al Tercer Sector de Acción Social de un marco jurídico propio, estable y adaptado a la realidad canaria.
Canarias carece actualmente de una ley autonómica específica que regule de manera integral el Tercer Sector de Acción Social, a pesar de su papel esencial en la cohesión social, la defensa de los derechos y la atención a situaciones de vulnerabilidad. En un contexto marcado por elevadas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, el Tercer Sector se consolida como un actor estratégico, no solo como prestador de servicios, sino como agente de transformación social, participación ciudadana y construcción democrática.
Entre los principales contenidos del informe, se destaca la propuesta de una futura ley estructurada en cuatro capítulos: disposiciones generales; entidades del Tercer Sector de Acción Social; participación social y diálogo civil; y medidas de fomento del sector. El documento plantea una definición amplia y funcional del Tercer Sector, basada en su finalidad social y en la defensa de derechos, y propone criterios claros para el reconocimiento de las entidades, respetando su diversidad organizativa y territorial.
Asimismo, el informe subraya la importancia de reforzar los mecanismos de participación y gobernanza democrática, proponiendo instrumentos estables de diálogo civil con las administraciones públicas, entre ellos la creación de una Mesa del Tercer Sector de Acción Social de Canarias como espacio central de interlocución. En materia de fomento, se recogen propuestas orientadas a garantizar una financiación estable, suficiente y sostenible, así como a impulsar la planificación estratégica, la formación, la innovación social y la equidad territorial.
El documento incorpora, además, aportaciones específicas para su desarrollo reglamentario y aplicación práctica, destacando la necesidad de aplicar la ley con criterios de proporcionalidad, atender a las singularidades de la insularidad y avanzar hacia herramientas de conocimiento y seguimiento como un Observatorio del Tercer Sector de Acción Social.
Con esta presentación, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con un proceso normativo participado, legítimo y alineado con la realidad del sector, y la Plataforma pone a disposición de las instituciones públicas una base sólida para avanzar hacia una ley que reconozca, fortalezca y articule el papel del Tercer Sector de Acción Social en Canarias.
ACFI PRESS
