La consejera insular de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, María de la Salud Gil Romero, volvió a defender ayer en Madrid la presencia de los Cabildos Insulares en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La consejera, que informó de que esta misma mañana se reunió con nueve de los consejeros reunidos hoy en el Consejo para hacerles llegar su queja sobre el hecho de que hayan sido excluidos de dicho órgano, explicó que la razón por la que quieren formar parte de dicho Consejo es precisamente porque “en el se tomarán decisiones que tiene que ver con los servicios que se le van a prestar a los grancanarios dependientes”.
En esta línea, Salud Gil denunció que la financiación que se asignará por persona dependiente y mes, 250 euros, es “irrisoria”, puesto que una residencia pública invierte cerca de 3.000 euros al mes en atención, así como la ayuda integral pública alcanza los 1.300 euros al mes. “Tenemos que estar porque nosotros sabemos lo que cuestan las cosas, cómo hay que prestar los servicios, qué servicios hay que prestar y dónde” recalcó, y añadió que se trata de cuestiones de vital importancia que hasta la fecha el Ministerio “no ha sabido o no ha podido responder”.
Además, Salud Gil mostró su preocupación respecto a las declaraciones vertidas por el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, en las que señalaba que Hacienda no tiene la capacidad de prestar ese derecho como universal puesto que éste no es un derecho que haya que prestar obligatoriamente. “Nos preocupa que se esté generando esperanzas equívocas a las personas que tiene problemas gravísimos” dijo.
Asimismo, la consejera quiso dejar claro que no se trata de utilizar un tema tan serio como la Ley de Dependencia como una cuestión política, puesto que el PP la apoya, sino que lo que pretende es que todos los grancanarios sean tratados en igualdad de condiciones. Un propósito difícil advierte, si se tiene en cuenta que a partir de ahora subsistirán los dos sistemas de protección existentes (Plan de Atención a la Discapacidad y Ley de Igualdad), algo que provocará que “existan grancanarios de primera y de segunda categoría”.
ACFI PRESS
