La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha señalado que el Gobierno de Canarias recibirá próximamente información clave sobre la gestión de los menores migrantes, en un contexto en el que el Estado prevé continuar regulando esta materia mediante real decreto. Esta decisión responde, según explicó, a la falta de consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia para abordar un asunto que calificó como “fundamental”.
Delgado subrayó que la llegada de menores migrantes no afecta únicamente a Canarias, sino que puede extenderse a otras comunidades autónomas, lo que refuerza la necesidad de una respuesta conjunta. En este sentido, insistió en que estos menores deben ser considerados responsabilidad de todo el país: “son niños y niñas de todos y todas los españoles”, equiparándolos a los menores nacionales bajo protección.
La consejera anunció que exigirá al resto de comunidades autónomas un compromiso real de cooperación, lamentando que haya sido necesario recurrir a mecanismos legales para garantizar dicha colaboración. Recordó que tanto la normativa vigente como los acuerdos previos ya contemplaban herramientas para actuar de forma coordinada, por lo que instó a cumplirlas y a avanzar en consensos efectivos.
Asimismo, Delgado hizo hincapié en la necesidad de que el Estado proporcione recursos económicos y materiales suficientes para que las comunidades puedan atender adecuadamente a estos menores. Reclamó una financiación estable que permita garantizar la acogida respetando todos sus derechos. En este contexto, criticó que los 100 millones de euros asignados previamente resultaron insuficientes para cubrir las necesidades derivadas del traslado y atención de los menores.
La consejera también recordó que el Real Decreto-Ley vigente contempla la posibilidad de prorrogar durante un año más las medidas adoptadas en materia de contingencia migratoria, una previsión ya conocida desde su aprobación. Advirtió que este fenómeno no es coyuntural, sino estructural, y defendió la necesidad de establecer mecanismos permanentes en la legislación que se activen automáticamente ante situaciones similares en el futuro.
Garantías en la protección de los derechos de los menores
En relación con posibles incidencias en el traslado de menores, Delgado expresó dudas sobre la veracidad de ciertos casos mencionados, especialmente aquellos relacionados con la separación de hermanos. Aseguró que estos supuestos le resultan “muy extraños”, dado el riguroso sistema de protección existente.
Explicó que en todo el proceso intervienen múltiples actores encargados de salvaguardar los derechos de los menores, entre ellos la Fiscalía de Menores, que supervisa cada caso. Los menores son entrevistados, se tienen en cuenta sus preferencias y se evalúan posibles impedimentos antes de decidir su destino, prestando especial atención a la unidad familiar.
La consejera reiteró que, al menos en Canarias, no se han producido situaciones de este tipo y defendió la solidez del sistema de protección. Destacó el papel tanto de las Direcciones Generales de Infancia como de la Fiscalía, que, según indicó, refuerza aún más la garantía de los derechos de los niños y niñas en todo el proceso.
ACFI PRESS
