El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz, la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez y un psiquiatra de Médicos del Mundo, Pau Pérez, han ofrecido este mediodía una rueda de prensa conjunta para denunciar la situación de “limbo jurídico” en la que se encuentran las 23 personas que, tres meses después de los sucesos del Marine I, siguen aún hoy recluidas en apenas 25 metros de un hangar en Noadibú, Mauritania.
Estas 23 personas que se niegan a ser repatriadas a sus países de origen porque temen por sus vidas y las de sus familias, se encuentran bajo el control efectivo de las autoridades españolas, que según los tres organismos “están actuando fuera del territorio nacional y sin embrago están aplicando la legislación española”.
Según denunció Ignacio Díaz (CEAR), “a estas 23 personas, que se han negado a regresar a sus países de origen por fundados temores de riesgo para sus vidas, se les siguen negando derechos que recoge nuestra legislación”. Además, aclaró que ninguna autoridad judicial ha controlado el proceso hasta la fecha, “no han sido informados de los motivos de detención, ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de limbo legal” aseguró Díaz.
Asimismo, el presidente de CEAR dejó claro que su organización ha interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de estas 23 personas, puesto que se encuentran retenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo, no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española ni el Convenio Europeo de derechos humanos. “Además, estas personas han manifestado con motivos de persecución y deben tener acceso al procedimiento español de asilo con todas las garantías” manifestó Díaz.
En la misma línea, Virginia Álvarez denunció que “estas personas no han tenido acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías”. Las tres organizaciones han dejado patente su preocupación ante el endurecimiento de las condiciones de acogida como medio de persuasión para que acepten el retorno a sus países practicadas por las autoridades españolas y mauritanas.
“Las tres organizaciones hemos transmitido al Gobierno nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses. No se sabe en base a qué normativa se les ha internado, ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan” explicó Álvarez.
Por su Parte, Pau Pérez, médico psiquiatra de Médicos del Mundo, señaló que según la evaluación psiquiátrica elaborada por su organización en el período de detención, ésta les habría ocasionado un daño mental que podría agravarse de prolongarse su detención. Dicho análisis concluye que, de perdurar la situación actual, podrían aparecer conductas agresivas para el entorno o para sí mismos.
“Después de 94 días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante, hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresión, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida” afirmó Pérez, quien aseguró que desde Médicos del Mundo han advertido a las autoridades españolas que la persistencia en esta situación podría poner en riesgo sus propias vidas.
Amnistía Internacional, CEAR y Médicos del Mundo coinciden en señalar que se han producidos graves deficiencias en el proceso de identificación de las 23 personas y solicitan al Gobierno que explique bajo qué ordenamiento jurídico están detenidas estas personas, si han recibido asistencia letrada e información sobre sus derechos y con qué garantías y en base a qué resolución judicial permanecen detenidas desde hace más de 3 meses.
Todo lo cual ha llevado a las tres organizaciones ha solicitar al Gobierno español que de forma inmediata España asuma la responsabilidad con relación a estas personas. Que cese su detención o se les acuse formalmente de algún delito. Asimismo, piden que España garantice el acceso de estas 23 personas al procedimiento de asilo.
ACFI PRESS
